El Puerto de Santa María ha convivido con los alambiques desde que Felipe V autorizó en 1733 la Real Fábrica de Aguardientes y Licores, instalada junto al Guadalete para aprovechar los excedentes vínicos del marco de Jerez. Aquel precedente ilustró la importancia que el destilado de alcohol alcanzó en la ciudad durante los siglos posteriores, y preparó el terreno para que, dos siglos más tarde, surgiera una planta moderna que los vecinos acabarían conociendo simplemente como “la Alcoholera”.
De la expansión vinatera a la fábrica de los setenta
A comienzos de la década de 1970, tres firmas ligadas al negocio del vino —Hijo de Rainera Pérez Marín (Manzanilla “La Guita”), Rafael Cruz Conde Hermanos de Montilla y el exportador Román Cantarero— invirtieron en una destilería pensada para transformar los mostos y vinos sobrantes en alcohol industrial y vínico. Con el tiempo, el empresario granadino Francisco Sánchez Aroca, y después su hijo Luis Javier Sánchez Navajas, se hicieron con el control y fundaron Alcoholera de El Puerto, S.A. La planta se levantó en el pago del Madrugador, a escasos cuatro kilómetros del casco urbano, con la carretera N-IV como única barrera entre los tanques metálicos y los pinares de Rancho Linares.
Durante la bonanza de los setenta y primeros ochenta, la fábrica dio empleo estable a operarios especializados, caldereros, electricistas y personal de almacén. Los turnos se sucedían sin pausa desde septiembre hasta el final de la vendimia, cuando el calor veraniego obligaba a parar máquinas y a vaciar los depósitos para labores de mantenimiento. Esa rutina resultó fatal en 1988.
24 de agosto de 1988: un miércoles que cambió la historia local
El miércoles 24 de agosto de 1988, a las 14:20, los trabajadores ultimaban la puesta en marcha tras el parón vacacional. Una semana antes, los operarios habían sofocado un conato de fuego que se originó en la misma zona donde, aquella tarde, estalló la tragedia.
Una explosión súbita, alimentada por más de 1,5 millones de litros de alcohol, convirtió la nave principal en una bola de fuego. La onda expansiva arrasó todo lo que encontró en un radio de 300 metros; los bomberos localizaron fragmentos metálicos a varios kilómetros.
El balance humano estremeció al país: ocho fallecidos y tres heridos graves. Entre las víctimas figuraban José González —capataz de la planta— y cinco miembros de su familia que comían en su vivienda dentro del recinto; también perdieron la vida Javier Romero Blasco y Lindo Lozano Ríos, electricista de origen francés.
Dos días de lucha contra el fuego
Más de 400 efectivos de los parques de Cádiz, Jerez, San Fernando y la Base Naval de Rota trabajaron sin descanso. Las sirenas de Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Civil marcaron aquellas horas de angustia en las que los bomberos regaron con espuma los depósitos aún intactos para evitar una deflagración mayor. Cuando, al día siguiente, las cuadrillas retiraban escombros, una segunda explosión —provocada por una tubería de gas que había quedado al descubierto— volvió a sembrar el pánico.
Los técnicos cortaron la emisión de Televisión Española en toda la Bahía porque el impacto dañó un repetidor cercano; la Compañía Sevillana de Electricidad aisló un transformador que alimentaba a varias industrias del entorno. Sólo la rápida coordinación impidió que las llamas alcanzaran la residencia de ancianos del Madrugador y los almacenes de Terry y Rives, repletos de alcoholes para brandy y ginebra.
El coste ambiental: el Guadalete y las playas teñidas de muerte
El fin de semana del 27 y 28 de agosto, los bañistas de La Muralla y Las Redes hallaron miles de peces muertos arrastrados por la marea. Ecologistas en Acción llevó varios ejemplares al pleno municipal para denunciar la contaminación del río Guadalete y de la lámina de agua litoral. El vertido de etanol y productos de limpieza redujo el oxígeno disuelto y provocó un episodio de mortalidad masiva nunca antes visto en la comarca.
Investigaciones, pleitos y un proceso que se diluyó en los juzgados
El Juzgado n.º 1 de El Puerto abrió diligencias para esclarecer el origen del siniestro. Mientras los peritos discutían si una soldadura defectuosa o un fallo eléctrico encendió la mecha, la Audiencia Nacional acumuló causas por un presunto fraude fiscal de más de 11.500 millones de pesetas relacionado con el grupo empresarial. Más de treinta años después, la documentación sigue dispersa y sin una sentencia contundente que cierre del todo el caso.
De motor económico a paisaje posindustrial
Tras la catástrofe, la Alcoholera nunca volvió a producir. Las oficinas se deterioraron; los aljibes se oxidaron; las cubas, abiertas al cielo, se llenaron de maleza. Grafiteros, fotógrafos urbex y algún que otro “okupa” aprovecharon el vacío para convertir las paredes chamuscadas en un lienzo improvisado. Sin embargo, los suelos agrietados, los pozos ocultos y las chapas retorcidas convierten la visita en un riesgo real. Los vecinos alertan cada año sobre la necesidad de señalizar los puntos más peligrosos.
El planeamiento urbanístico de 2011 clasificó la parcela como suelo residencial, pero los tribunales anularon el PGOU por falta de Evaluación Ambiental Estratégica. Mientras tanto, camiones clandestinos descargan escombros en el colindante pinar de Rancho Linares, lo que agrava la degradación y demuestra la fragilidad del entorno si la vigilancia municipal se relaja.
¿Qué legado deja la Alcoholera?
Hoy, la silueta de los viejos depósitos recuerda un modelo de industrialización vinculado al vino que dinamizó la economía gaditana durante décadas, pero también subraya las lagunas de la normativa de seguridad laboral anterior a 1995. Cada 24 de agosto, las familias de las víctimas se reúnen en Atarfe y en Priego para recordar a los suyos y reclamar un memorial digno. El Ayuntamiento ha debatido varias veces la idea de recuperar parte del recinto como parque arqueo-industrial, incorporar paneles explicativos y señalizar un itinerario seguro que conecte con la ruta de las bodegas. De momento, la falta de inversión mantiene el proyecto en un cajón.
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